cinco años en busca de la verdad

cinco años en busca de la verdad

El 11 de julio leíamos la noticia de la prisión preventiva por “comercialización y distribución de estupefacientes y facilitación de la prostitución” de Carlos Rodríguez, alias “El Cabezón”, conocido proxeneta de la zona roja. La medida fue dictada por el juez federal Alejo Ramos Padilla. Esta es la primera detención que se produce en la causa en la que se investiga la desaparición, en relación con el tráfico sexual y posterior feminicidio de Johana Ramallo. Por primera vez, después de 5 años, un juez presenta una línea de investigación.

El 26 de julio de 2017, Johana no volvió a casa. A partir de ahí, el curso de su investigación pasó por diversas narrativas jurídicas. El primero, el más importante en materia de investigación, en manos de la justicia penal de la provincia, a cargo de la fiscal Betina Lacki, quien consideró que Johana se había ido por voluntad propia y dejó la investigación en manos de la justicia. Dirección Distrital de Investigaciones, que sumó a las labores de búsqueda a los policías implicados por territorialidad, el destacamento Ponsatti de Berisso, donde se interpuso la denuncia, y la comisaría 9.

El fiscal no aceptó el cambio de cobertura solicitado por la denuncia, lo que motivó lo que llevó a la segunda etapa, luego de la solicitud de archivo de la causa ante la justicia federal como trata de personas, en el marco de la ley nacional 26.364. Había dos jueces a cargo, el primero era el juez Ernesto Kreplak. Mientras tanto, gracias a un contacto con Rosa Bru, se encontró un resto humano encontrado por un baqueano en la playa de Palo Blanco en Berisso, posteriormente se localizó otro resto. Cada uno de ellos pasó por procesos diferentes, la falta de pericia hizo que los restos no se conservaran y solo quedaran por identificar los huesos. En 2019, el juez federal Adolfo Ziulu informó a Marta Ramallo que los restos encontrados pertenecían a Johana.

La vida de Johana fue difícil, experimentó los elementos y la violencia desde muy temprana edad. Fue bendecida con una madre persistente y resistente que creció con ella. Johana sufrió una doble desaparición. La primera, sociales. La segunda, la desaparición de su cuerpo, más ligada a las desapariciones durante la dictadura cívico-militar. Ambas han ocurrido en gobiernos neoliberales.

Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se dio un paso importante en la vida de Marta y Johana, ingresaron al programa Ellas Hacen, dirigido a mujeres pobres en situación de violencia que sufrieron las consecuencias de la gran inundación del 2013 en la localidad de La Plata. Durante este año al 2015, ambos iniciaron la construcción de sus viviendas bajo el programa que los capacitó para estos fines, tenían un salario registrado, brindaban espacio para el cuidado de sus hijos pequeños y les brindaban apoyo psicológico. Johana estaba estudiando para terminar sus estudios secundarios en Fines, programa habilitado para tal fin, podía proyectarse hacia el futuro, tenía proyectos.

En 2015, junto con Mauricio Macri y Eugenia Vidal, los trabajadores de Ellas Hacen fueron desalojados de los terrenos donde habían construido sus viviendas, muchas de las cuales estaban a punto de terminar para su entrega. Los equipos profesionales fueron desmantelados y las mujeres quedaron sin espacio de trabajo, recibiendo ahora un salario social con fines formativos. Se cambió el nombre del programa fusionándolo con otros dos.

Es en este contexto que podemos ver hasta qué punto el sistema arrasa con las mujeres, tanto no es indiferente la existencia de políticas públicas que significan, ni más ni menos, la diferencia entre el buen vivir y la precariedad de la vida.

En este contexto de pérdida de derechos, que se traduce en catástrofe, despropósito, se produce el surgimiento de un nuevo significado que arrasa a Johana Ramallo como sujeto de derechos. El Estado gira la rueda y vuelve al lugar político que lo desgarra, que limita su capacidad de igualar, de volverse trágicamente desigual, autorizando la violencia extrema.

Entre 2016 y 2017, Johana conoce al que sería su novio el tiempo suficiente para introducirla en la prostitución, personaje que la cautiva con dinero, drogas y la ilusión de una buena vida. Comienza a vagar por la zona de prostitutas de la ciudad. Aquí es donde las cámaras de una gasolinera lo grabaron por última vez.

La desaparición de Johana es parte de un orden dislocado, que expone una de sus posibilidades asesinas. La desaparición se alimenta de la incertidumbre, aunque en este caso se vislumbra desde el primer momento cómo se realiza y quién lo hace, aunque sea de forma difusa. Esta es claramente una loca realidad.

Las desapariciones/apariciones producen un sentimiento ambivalente. En este caso fueron alrededor de 17 allanamientos y allanamientos, en cada ocasión se encontró el sentimiento, por un lado la angustia, por otro lado largas horas de estar en los lugares entre varios haciendo “resistencia” (tomar mate, conversar, esperar) como si tuviéramos un encuentro casual y ante los resultados negativos, alivio ante la idea de encontrarla aún con vida, excepto durante el último rastrillado realizado en las montañas donde se encontraron los primeros restos (una pierna y un brazo), de ahí el resultado negativo. Dejó otro tipo de desahogo, el de no encontrarse cara a cara con la realidad del desmembramiento materializado.

Pilar Calveiro dice, refiriéndose a los crímenes de la dictadura, que “al otro no sólo se le mata, sino que se pretende desaparecer de la faz de la tierra sin dejar rastro alguno de su existencia”. En el caso de Johana, no tomaron en cuenta lo que nos ha enseñado la memoria histórica, que el río entrega los cuerpos, y que aún hay gente dispuesta a no descansar para obtener la justicia a la que aspiraba.

Por Flavia Delmas, Subsecretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de la Mujer, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires.


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