el 1 de julio se conocerá la sentencia a los detenidos en un centro policial clandestino

el 1 de julio se conocerá la sentencia a los detenidos en un centro policial clandestino
Durante la dictadura, cientos de conscriptos en todo el país fueron torturados y muchos de ellos desaparecieron.

Duilio Ramírez, abogado litigante que sigue la provincia del Chaco en el juicio de lesa humanidad del Cuenta «Reclutado» que se desarrolla en Resistencia, consideró que los testimonios ofrecidos a lo largo del debate “son contundentes” y expresó su confianza en que los imputados serán condenados cuando se dé a conocer el veredicto de este juicio el próximo 1 de julio.

“Los 10 imputados han sido reconocidos por varios testigos. Los testimonios son contundentes y nosotros presentamos la prueba documental, por eso esperamos que sean condenados”, dijo Ramírez a Télam. Abogada de la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco.

Este es el décimo juicio por crímenes de lesa humanidad que se lleva a cabo en la provincia y este caso se conoce como «conscriptos» porque dos de las víctimas, Ramón Luque y Ricardo Uferer, cumplían el servicio militar obligatorio cuando fueron secuestrados por efectivos del Ejército.

La Corte está integrada por Noemí Marta Berros, Liliana Graciela Carnero y Roberto López Arango y los fiscales Diego Vigay y Walter Romero e intervienen denuncias de las Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y Provincia del Chaco. Además, los magistrados se pronunciarán por los crímenes contra Santiago Almada, Saturnino Ferreira y Norma Beatriz Medawar.

En este juicio se airearon los crímenes de lesa humanidad perpetrados entre 1974 y 1979 contra cinco detenidos cautivos en el Centro Clandestino de Detención (CCD) de la Brigada de Investigación de la Policía Provincial y en la Municipalidad de la Policía de Resistencia.

Este proceso oral y público, que comenzó el pasado 20 de abril, se encuentra en su fase final y el próximo jueves los imputados tendrán la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras ante el Tribunal, que podrá dictar sentencia.

La fiscalía solicitó en su alegato penas que van de los 10 a los 18 años de prisión efectiva -según el grado de responsabilidad- por los cuatro exmilitares y seis expolicías identificados como autores de privación ilegal de la libertad y tortura agravada.

Los imputados por delitos contra exconscriptos son el exsargento de policía Gabino Manader y el exmilitar Aldo Héctor Martínez Segón, quien enfrenta 15 años de prisión. También el exjefe de la brigada de investigación José Francisco Rodríguez Valiente, el excomisario Juan de la Cruz López, el exguardia Miguel Ángel Vittorello, el excabo de la policía provincial José Marín y los exoficiales del Ejército Luis Alberto Patetta y Ricardo Guillermo Reyes, para quien se requerían doce años. y el ex oficial del ejército Ernesto Jorge Simoni, para quien la fiscalía pidió 10 años de prisión.

En tanto, el expolicía Carlos Domingo Mora podría enfrentar la pena más alta de 18 años por los delitos contra Almada, Ferreira y Medawar.

Durante el tiempo que las víctimas estuvieron cautivas, fueron sometidas a diferentes tormentos, tanto físicos como psicológicos, y fueron obligadas a presenciar la muerte y tortura de muchas personas que fueron secuestradas.

El centro de detención del Escuadrón Clandestino era donde se retenía a las víctimas que luego serían ejecutadas en «La Masacre de Margarita Belén»perpetrado por las fuerzas represivas el 13 de diciembre de 1976, cuando mataron a 11 militantes y desaparecieron otros cuatro.

Por su parte, los acusados ​​han negado los cargos a lo largo de las audiencias de este juicio, y Varios de ellos cumplen condena por otros crímenes de lesa humanidad en casos como «Margarita Belén» y «Caballero I y II».

“Se declaran inocentes, declaran que no estuvieron o que no estuvieron. No dan muestras de arrepentimiento ni de empatía”, señaló Ramírez al respecto.

En todo el país, cientos de conscriptos fueron torturados y muchos de ellos desaparecidos durante la última dictadura.

En ese momento, un procedimiento común consistía en asociar con posibles subversivos a quienes se distinguían por su habilidad en el manejo de armas en entrenamiento.

Luque y Uferer eran militantes de la Juventud Peronista (JP) del Chacose conocían desde la escuela secundaria y ambos ingresaron al servicio militar obligatorio en 1976 con el Regimiento de Liguria y el Grupo de Artillería 7, y fueron secuestrados con solo 10 días de diferencia en junio.

“Tenían 20 años cuando entraron y salieron a los 26 y 27. Pasaron tanto tiempo en la cárcel que cuando los soltaron, de los cuatro días que llevaban allí, uno había pasado en cautiverio. les quitó sus mejores años y hubo una crueldad particular hacia ellos», dijo el abogado del demandante.

“Hubo periodos de gran represión interna, nos intentaban destruir psicológica y físicamente, pero seguíamos con la esperanza de sobrevivir, que era lo único que podíamos hacer”, recordó Uferer, quien en su declaración reconoció a Manader, López, Segón, Simoni. , Marin, Vitorello, Reyes y Patetta gracias a los pocos momentos que pudo estar sin los ojos tapados con una venda.

En 1977, los dos jóvenes fueron trasladados al penal militar y al centro clandestino La Rivera, en Córdoba, como parte de una estrategia para «profundizar el desarraigo» de los presos.

Allí solo estuvieron cuatro meses. Las razones no están claras, pero se cree que hubo una falta de inteligencia que los obligó a regresar. En diciembre del mismo año fueron devueltos al Chaco y detenidos en la comisaría de Resistencia donde fueron despedidos por ser acusados ​​de participar en actividades subversivas. Quedaban a disposición del poder ejecutivo.

Finalmente, en 1981, los trasladaron nuevamente a Córdoba para someterlos a un Juzgado de Guerra que los liberó en octubre de 1982. “El domingo 17 de octubre nos llevaron a Córdoba, luego nos liberaron y solo fue ‘mientras pudimos para ir a Resistencia. Era un buen momento para ir a casa, a ver a mi familia, habían cambiado muchas cosas», recuerda Luque, quien también recuerda vivir como un proceso de «curación» en referencia al tormento que había sufrido durante la prueba.

Actualmente, los exconscriptos Luque y Uferer están jubilados y viven en Resistencia. Se mantienen en contacto y se llaman «hermanos».

“Con los compañeros con los que hemos vivido cosas tan profundas queda mucho cariño y lo hemos pasado todo como uno solo”, dijo Uferer.

Pocas semanas después de la sentencia, los dos esperan que finalmente haya una condena para los acusados.

“Para mí y mis compañeros esto es muy importante”, dijo Uferer, al señalar que “todos los juicios en los que declaramos y testificamos tienen una gran trascendencia porque construye todo el rompecabezas de nuestra historia reciente. Es un aporte a la consolidación de democracia. Todo lo que ha pasado no puede quedar impune”, reflexionó.


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