La UIF buscará la absolución de todos los imputados en el juicio por obras públicas en Santa Cruz
La Unidad de Información Financiera (UIF) ha dispuesto que Buscará la absolución de todos los imputados en juicio por supuestas irregularidades con obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, argumentando que no existe “certeza suficiente” para afirmar la existencia de sobrevaluación y asociación ilícita.
“Esta demanda entiende que no hay posibilidad de cobrar de más y sería una irresponsabilidad proceder con un cobro”apoyó al abogado de la UIF Leandro Ventura en el alegato, con lo que descartó que fuera procedente tipificar a los investigados en los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita.
La declaración del representante de la UIF fue seguida por el Vicepresidente y el resto de los imputados a través de la plataforma Zoom.
En el caso de la líder del Senado y expresidenta entre 2007 y 2015, el organismo consideró que su intervención en los hechos investigados se dio “en el marco de las atribuciones que le correspondían, en el marco de la Constitución Nacional”. y la ley».
“No es posible atribuir responsabilidad penal por un hecho conforme a la ley”Agregó casi al final del alegato, que duró casi tres horas, el también abogado de la UIF Alejandro Irachet.
Extendiendo esta interpretación a la situación de todos los exfuncionarios nacionales procesados, la querella valoraba que se mantenía «frente a una cuestión política, cuyo bien o mal está excluido del control judicial».
El CRF subrayó que «el debate no tiene un grado de certeza suficiente para afirmar la existencia de sobreprecio en las obras analizadas», y en particular apuntó a un dudoso peritaje contable realizado sobre la obra pública de Santa Cruz, al que pretendía «tirar» para su «inconsistencias y falta de acuerdo entre expertos»exacto.
Los abogados de la dependencia iniciaron su presentación en el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2 diciendo que la UIF debió abandonar su rol acusatorio en el caso durante la administración anterior, en 2017, porque no investiga sobre “lavado de dinero”. de activos”.
La UIF aludió a un «estado de duda insalvable» sobre la supuesta exageración, por lo que exigió «la absolución de todos los imputados en cuanto al tipo penal de administración fraudulenta».
Al no poder «probar la existencia de un fraude», la querella también excluyó el otro delito que se menciona en el juicio, la figura delictiva de asociación ilícita.
“Es imposible probar la existencia de una asociación delictiva”, subrayó el organismo en referencia a esta acusación.
La UIF pidió rechazar como prueba un dictamen pericial considerado «clave» sobre las obras en cuestión, al que atribuyó «inconsistencias y falta de claridad».
La denuncia solo buscaba una sentencia condicional de un año de prisión para seis exfuncionarios de la delegación de Santa Cruz de Caminos y Carreteras Nacionales de esa provincia por presunto incumplimiento del deber al no controlar las irregularidades en los contratos adjudicados a las empresas de Lázaro Báez.
No obstante, recomendó evaluar si el delito está prescrito por el transcurso del tiempo hasta la conclusión de la denuncia de acuerdo con la “instrucción del presidente” de la UIF.
En cuanto a Báez, propietario de Austral Construcciones, El organismo también solicitó la absolución de todos los delitos por los que fue juzgado.
Luego de la presentación final por parte de la UIF, cuyo alegato tiene asignado tres días pero ya terminó, el juicio se reanudará el 1 de agosto con el alegato del fiscal Diego Luciani, que tendrá una duración de nueve audiencias.
El vicepresidente se conectó a Zoom de forma remota, al igual que el exministro de Planificación Julio De Vido, el empresario Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López.
Del asedio a Comodoro Py 2002, el juez Jorge Gorini del TOF 2 declaró abierta la primera audiencia de alegatos a las 9:30 horas, tras comprobar que los 13 imputados estaban conectados a cámaras encendidas durante el juicio, que a raíz de la pandemia ha sido realizado de forma virtual desde agosto de 2020.
La Corte está integrada por los Magistrados Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
La demanda se centra en si el empresario Lázaro Báez se benefició anormalmente con la adjudicación de 51 obras viales en Santa Cruz bajo los gobiernos de Kirchner y si hubo sobreprecios, retrasos indebidos o obras inconclusas.
Además del vicepresidente, Báez, De Vido y José López, otro de los imputados por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta es el exdirector de Caminos Nacionales Nelson Periotti.
También están enjuiciados exfuncionarios de la Dirección Nacional de Carreteras y de la delegación santacruceña de este organismo, entre ellos Carlos Kirchner, Mauricio Collareda y Abel Fatala.
Según la acusación de la fiscalía, empresas del grupo «Austral Construcciones» de Báez se adjudicaron 51 obras de vía pública en esta provincia del sur del país con supuestos sobreprecios y falta de capacidad para ejecutarlas.
La Oficina Anticorrupción (OA) fue parte civil en el caso pero se retiró de ese rol y de presentar acusación, por lo que luego de la presentación de acusación, será el turno de las defensas.
