Violencia en la Macrozona Sur: Detalles del informe en el que jueces y funcionarios exigen medidas de seguridad ante «intimidación»

Violencia en la Macrozona Sur: Detalles del informe en el que jueces y funcionarios exigen medidas de seguridad ante «intimidación»

A un año de que la Corte Suprema determinara medidas de protección para los juzgados de Cañete, un nuevo informe de la Asociación Nacional de Profesionales en la Administración de la Magistratura -que recogió más de 30 testimonios en los juzgados de Lebu, Panguipulli, Victoria y Nueva Imperial- en otros- revela que, a pesar de que se han instalado cercos perimetrales, ahora hay que proteger a las personas. El documento está en manos del Pleno.


Qué ver. El 27 de julio de 2021, el Ministro de la Corte Suprema, Arturo Prado, elaboró ​​un informe que entregó al pleno sobre la situación de los juzgados de Cañete que conocen de casos de violencia rural y que han motivado la toma de medidas de seguridad .

  • El informe de Prado fue uno de los precedentes que llevó al gobierno anterior a declarar por primera vez el estado de emergencia en la macrozona sur.
  • “Hay miedo y miedo a los jueces y funcionarios desde que salen de sus casas para ir a trabajar, síntoma que se repite aún cuando se quedan con trabajo desde casa”, decía uno de los párrafos escritos por el ministro supremo.

Cortina de fondo. Un año después, un documento elaborado por la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración Judicial (Aprajud), luego de una visita a los juzgados de las jurisdicciones de Concepción y Temuco y que recogía testimonios de jueces y servidores públicos, revelaba intimidaciones y pedía una nueva sentencia de la Corte.

  • La asociación, presidida por Patricio Aguilar, recopiló testimonios de alrededor de 40 operadores de justicia, profesionales y jueces, que recientemente entregaron al Pleno de la Corte Suprema pidiendo nuevas medidas de seguridad.
  • Según el oficio que tiene en sus manos el Pleno de la Corte Suprema, los testimonios de la jurisdicción de Concepción fueron elevados ante el Juzgado de Letras y Garantías de Lebu; el Juzgado de Primera Instancia y Garantía de Cañete y el Juzgado de Primera Instancia Penal de Cañete.
  • En el caso de la jurisdicción de Temuco, tomaron declaración en el Juzgado de Garantía de Victoria; el Juzgado de Primera Instancia y Garantía de Collipulli; el Juzgado de Garantía de Angol, el Juzgado de Garantía de Nueva Imperial y el Juzgado de Primera Instancia de Nueva Imperial.

El informe. Patricio Aguilar señala a Ex-Ante que aunque tras el informe del ministro Arturo Prado, se han tomado medidas de seguridad en los juzgados “mediante la instalación de cercos perimetrales y vidrios antivandálicos”. Esta vez la Asociación pide al Supremo que vaya más allá y que se concedan «medidas para el pueblo».

  • En 2021, l’association présidée par Aguilar a mené une enquête nationale qui a été remise au ministre de la Cour suprême Arturo Prado «en raison du sentiment d’insécurité qui existait dans la région, en particulier dans la juridiction de Concepción», dit -Él.
  • Agrega: “Hablamos con administradores judiciales, jefes de unidades, jueces y funcionarios sobre el sentimiento de inseguridad, que no es solo un sentimiento. Y cómo tuvieron que adaptarse para poder hacer frente a la embestida de multitudes de manifestantes que tienden no solo a dañar la infraestructura, sino también a intimidar a las personas.
  • “Siempre que hay una audiencia de miembros de la comunidad, las comunidades van allí. Finalmente, el juzgado debe cobijar a la policía. En varias ocasiones tuvieron que cerrar las calles aledañas por temor a que los presentes en el juzgado vieran vulnerada su integridad física.
  • Aguilar señala que aunque la situación fue más intensa en 2021, en 2022 hubo “menos casos por el estado de excepción” (que decretó el gobierno del presidente Boric), pero eso no quiere decir que no haya ataques”.
  • “El estado de excepción protege efectivamente el tráfico y los transbordos, pero en los caminos rurales no hay protección y es muy complejo”.

Los testimonios. El informe de 30 páginas presentado a la Corte Suprema contiene testimonios cuya identidad solo puede conocer el pleno, dice Aguilar. También hubo reuniones con funcionarios, se reunieron con los presidentes de las Cortes de Apelaciones de Concepción y Temuco y así conformaron mesas de trabajo con la intervención de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

  • Entre los casos contenidos en el informe presentado al Pleno, uno de ellos se refiere al de una magistrada de Cañete cuyo esposo es subcontratista de una empresa forestal y cuya camioneta fue incendiada por encapuchados. “La intimidaron porque sabían que era legal. Se sintió muy afectada porque ella también vive en la jurisdicción y tiene miedo de ir a trabajar todos los días.
  • “También hay testimonios que revelan los riesgos de ser trasladados de sus domicilios a la justicia. Hay quienes tienen que atravesar caminos rurales que están cerrados. Hay funcionarios que van de Tirúa a Cañete. El teletrabajo ayuda mucho en estos casos, pero no siempre se puede mantener.
  • Aguilar señala que en el caso de la jurisdicción de Bio Bío, “muchos jueces no van a juicio y teletrabajan porque les facilita no correr el riesgo de ir a juicio. Y no es por la pandemia, es por la integridad física.
  • “En la comitiva, cuando íbamos a visitar los juzgados, también sentíamos esta inseguridad por las constantes paradas en las carreteras y los tranques. Y pudimos comprobar la sensación de seguridad que se vive en la región. Es importante que se visibilice el problema de las personas que tienen que trabajar donde hay violencia rural”.
  • En el oficio, dirigido al presidente del Tribunal Supremo, Aguilar señala que hacen un segundo pedido que va más allá de la protección del perímetro de las infraestructuras, “sino que pedimos la protección de las personas. Entre ellas, “l seguro de vida para jueces y funcionarios y que, además, se elabore un proyecto de ley para poder dar misión en riesgo a quienes trabajan en las zonas rojas.
  • Esta misión, que ya fue sugerida en el informe elaborado por el ministro Arturo Prado en el informe de 2021, Aguilar dice que la policía y la fiscalía también la tienen. “Es una especie de incentivo para que la gente quiera trabajar en esta área, porque de lo contrario va a empezar a suceder que soliciten otras áreas debido al riesgo. No es un privilegio; La ley lo prevé”.


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