Acreditación y paraíso de los abogados.

¿Y si gana la aprobación? Los activistas y líderes del frente amplio celebrarían, con razón y con la prepotencia que los caracteriza. Los comunistas, cada vez más sobrios, confirmarían la concepción política institucional (…) Los partidos del socialismo democrático insistirán en la necesidad de llevar reformas inmediatas al texto (…) Por otro lado, los viudos de los años 80 la constitución vendrá con discursos catastróficos advirtiendo el fin de la chilenidad (…) De los amarillos y de las disidencias de centroizquierda vendrán los grandes interrogantes sobre el camino elegido y el rumbo a elegir.

El gobierno, los parlamentarios de todas las tendencias, los analistas políticos e incluso la gente común están dando un paso al frente para rechazar la propuesta constitucional de la Convención. El oficialismo está siendo llamado por la derecha a decidir sobre el camino a seguir, el socialismo democrático ya prepara planes detallados para la continuidad del proceso constituyente; Estoy de acuerdo Dignity, con más resistencia, se suma a la especulación sobre cómo encajaría una futura Convención o Asamblea.

Pero, ¿y si ganaba la aprobación?

Por supuesto, el primer resultado sería la celebración de los ex convencionalistas que verían ratificada por la ciudadanía la calidad de su trabajo y la comunión de su actuación constitucional con los deseos mayoritarios del pueblo chileno. Los activistas y líderes del Frente Amplio también celebrarían con razón y con su arrogancia característica otro triunfo en su despliegue ascendente en la política chilena. Los comunistas, cada vez más sobrios, confirmarán la concepción política institucional que les permitió ser protagonistas de un proceso en el que no participaron en el origen y paradójicamente. Los partidos del socialismo democrático insistirán -minuto a minuto con menos legitimidad- en la necesidad de reformar de inmediato el texto aprobado por las dos terceras partes de la convención y ratificado por un plebiscito histórico.

Del otro lado, los viudos de la constitución de los 80 vendrán con catastróficos discursos advirtiendo del fin de la chilenidad y quizás, si es posible, escuchando posibles inversiones inmobiliarias en Florida. Los partidos de derecha buscarán afirmarse en las promesas de reforma y en la certeza de que desde el congreso nacional aún vigente se podrá atemperar la nueva norma fundamental. Amarillos y disidentes de centro izquierda, vendrán los grandes interrogantes sobre el camino elegido y el rumbo a elegir.

Pero más allá de las reacciones emocionales, lo cierto es que una vez publicada la Carta, comenzarán a aplicarse las disposiciones transitorias que ordenan al Gobierno y al Parlamento aprobar un conjunto de leyes -de esta lista no exhaustiva- en términos perentorios:

• Seis meses para presentar el proyecto de ley que crea «el órgano encargado de recopilar y sistematizar la información necesaria para proponer al poder legislativo las fórmulas de distribución de los ingresos tributarios» para las regiones y territorios.
• Al cabo de un año, la legislación electoral debe ser “adecuada a esta Constitución” y “debe iniciarse el proceso legislativo para regular la creación y actualización del padrón electoral indígena”. El gobierno también debe iniciar la consulta indígena Rapa Nui en el mismo período para elaborar su estatuto de autonomía. Asimismo, ese año “se convocará a dos consultas vinculantes e independientes” en Chiloé y en el interior de la Región de Valparaíso. También deberá crearse en este plazo la Comisión Territorial Indígena, encargada de la reparación y restitución de las tierras indígenas. El proyecto de creación de la Agencia Nacional del Agua, los consejos de cuenca y la adecuación normativa de los derechos de agua tiene el mismo plazo. El proyecto de ley por el que se crea el Consejo de Justicia también debe presentarse en el Parlamento dentro de este plazo.
• Luego de dieciocho meses, el gobierno presentará un proyecto sobre las garantías y protección integral de la niñez y otro que adecua la legislación laboral a las normas de la Constitución.
• Transcurridos dos años, deberán promulgarse las leyes y reglamentos del territorio especial de Juan Fernández y «el Congreso Nacional deberá tramitar los proyectos de ley que establezcan los impuestos de cesión territorial», así como «las normas jurídicas que regulen los distintos aspectos de la autonomía financiera y descentralización fiscal de las entidades territoriales. Asimismo, en dicha legislatura el gobierno presentará un proyecto de ley sobre vivienda digna y ciudad, así como el que crea la Oficina del Mediador.
• En plazos que van desde los doce, dieciocho y veinticuatro meses, el gobierno deberá presentar los proyectos para la creación del sistema de seguridad y cuidado social, el sistema nacional de salud y los sistemas nacional de educación y educación pública, además del Sistema Integrado. de Tierras Públicas respectivamente.
• Luego de tres años, se implementará una política de restauración de suelos y bosques nativos y la ley que crea tribunales administrativos y un proyecto de ley de patrimonio cultural.

Todo ello, sin tener en cuenta la necesidad de disponer de estatutos autonómicos y municipales y de fijar normas para las distintas entidades públicas y territoriales que se crearán en los plazos señalados.

Seremos, por varios años, un paraíso para los abogados.